Causa contra Ivana Huenelaf: penas nuestras, vaquitas ajenas

Publicado por Real Chubut - Agencia de Noticias 28-10-2017 Provincial

El 10 de enero Ivana Huenelaf fue detenida y torturada, junto a otras personas que habían acudido en ayuda de la reprimida comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen. Poco antes estuvieron buscando los animales de esa comunidad y los encontraron camino a la estancia de Benetton. La Policía los persiguió a los tiros hasta reducirlos.

En el reino de revés en que se ha convertido esa parte de la Patagonia la causa abierta no es por las torturas que sufrieron sino contra ellos, por supuesto abigeato, atentado a la autoridad y daños.

Ayer fueron absueltos dos acusados, y a pesar del pedido de la defensa se había solicitado la nulidad pero el juez José Colabelli dilató la definición: otorgó cinco días más a la fiscalía para que consolide un caso que se les cae a pedazos en sus caras.

Por otra parte, también están imputados en una causa federal por “tenencia de explosivos” (sí, así como se lee) en la cual debe expedirse nada menos que el juez Guido Otranto. ¿La imputación? Una molotov y tres botellas de nafta que nunca aparecieron.

En este caso fue apartado el fiscal Carlos Díaz Mayer, quien estando en la comisaría negó a un abogado de derechos humanos la presencia de los presos. “Gritábamos fiscal, queremos ver al fiscal, y no venía. En ese momento no sabíamos que era parte del mismo montaje de ellos”, contó a La Izquierda Diario Gustavo Jaime, uno de los detenidos. “Desde temprano los policías insultaban a Ivana en su propia lengua”, agregó.

“Estamos tristes, pero tengo fe de que la causa se va a caer porque no hay pruebas contra nosotros, Seguimos trabajando y sosteniendo nuestra cosmovisión. Pensé que luego de la aparición de Santiago la justicia oscura tendría un poco más de luz, es todo irregular luego de seis meses de supuesta investigación. Estamos en una situación el pueblo mapuche y toda la sociedad de mucho dolor, estamos muy vulnerables pero igual seguimos de pie pidiendo justicia no sólo por nosotros sino también por Santiago”, dijo ayer Huenelaf a este diario.

El 10 de enero de 2017 la Gendarmería y la Policía de Chubut irrumpieron en el Pu Lof en Resistencia mapuche Cushaman y reprimieron a la comunidad. El operativo incluyó el destrozo de las casas, golpes a niñas y mujeres y la detención de tres hombres.

Ivana Huenelaf y siete personas, mapuches y katripache (amigos blancos de los mapuches), acudieron en dos camionetas a dar su apoyo para llevar comida a las mujeres que quedaron allí con sus hijos. Eran Ivana Huenelaf, Jorge Buchile, Javier Huenchupan, Daniela González, Gustavo Jaime, Pablo y Gonzalo Seguí. Son vecinos solidarios de la comarca, docentes, veterinarios, estudiantes de kinesiología, organizan peñas y dan clases gratis de folklore.

Al llegar al Lof un hermano mapuche les contó que también les había secuestrado a sus animales, y por eso salieron a buscarlos. Los encontraron en un camión, en la estancia de Benetton, y cuando se acercaron comenzaron a dispararles.

Según relataron a este diario, los persiguieron con camiones, camionetas sin identificación y móviles policiales mientras les disparaban con armas antimotines y de fuego, según consta en los peritajes. “Eran policías de El Maitén, Infantería, personal de Abigeato, en conjunto con personal y equipamiento de la estancia Tierras del Sud, haciendo abuso de autoridad y conformando una situación de intento de homicidio”, describieron.

“Me hago a un costado para esquivar la bala, siento como me silva en el oído y ellos pensaron que me habían dado. En el hospital viejo nos redujo la Infantería, Gendarmería y la policía. Fuimos torturados a golpes, nos sacaban la ropa y nos seguían golpeando, nos decían que otra vez había empezado la cacería de nosotros, que tenían que llevar una cabeza, que nos tenían que matar”, dijo Ivana y en ese momento se quebró y bajó la cabeza un segundo, como si estuviera escuchando de nuevo esas palabras.

“Sin luz, encapuchados nos volvieron a torturar y nos acusan de haber estado robando 360 animales y que nos resistimos a la autoridad. Es muy doloroso que el pueblo no vea lo que está sucediendo con nosotros, sobre todo con las mujeres, estamos dispuestos a dar la vida para que esto cambie, tengo seis hijos y cinco nietos, ¿cómo no voy a luchar parar reafirmar nuestro pueblo nación?”, sintetizó hace pocos días antes de la audiencia en un video.

La Izquierda Diario fue el primer medio en contar su historia. En el artículo publicado el 5 de septiembre Daniel Satur expresaba que la desaparición de Santiago Maldonado no fue “algo sorpresivo o excepcional. La persecución y criminalización de la población mapuche es sistemática desde hace años, tanto en Chubut como en Río Negro y Neuquén. Atentados, detenciones arbitrarias, procesamientos por delitos que no se cometieron, extorsión, torturas y hasta ejecuciones sumarias son política de Estado”. Los sucesos de enero en la misma comunidad donde desapareció Maldonado son uno de los botones de esta muestra del horror.

De solidarios a víctimas, y luego encausados

El 10 de enero unos doscientos gendarmes se habían apostado en la Ruta 40 para, supuestamente, despejar las vías de La Trochita que atraviesa la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. En ese hecho los uniformados se llevaron a tres jóvenes, heridos y procesados. Pero el saldo de la jornada sería de nueve personas detenidas. Las otras seis fueron “cazadas” en El Maitén, luego de una violenta persecución por la ruta desde la misma tranquera de la Pu Lof. Ivana Huenelaf fue una de ellas.

“Nos acercamos los 7 a dar nuestro apoyo por la represión por parte de las fuerzas de seguridad estatales que habían sufrido sus integrantes en horas de la mañana, y en la cual fuimos detenidos mientras estábamos ayudando a buscar unos animales de la comunidad que se habían escapado”, describen Huenelaf y sus compañeros.

“Fuimos encarcelados e incomunicados injustamente por el estado chubutense en primera instancia en la comisaría de El Maitén donde fuimos maltratados, golpeados, incomunicados sin razón ni orden judicial. Para nuestra familia y abogados que se acercaron a dar una mano nos hallábamos desaparecidos, ya que negaban nuestra presencia en la comisaría o daban datos falsos, sin explicación alguna. Todo esto sucedió en presencia física del fiscal Carlos Díaz Mayer que no solo en ningún momento se hizo responsable de la situación que estábamos viviendo sino que la avaló, y luego defendió su accionar en un estrado”, agregaron.

Luego fueron trasladados a Esquel “con prácticas de tortura física y psicológica, e imputados en causas inexistentes e inventadas políticamente con argumentos falaces y fantasiosos”. Al día siguiente el gobernador Mario Das Neves y sus funcionarios hablaron de ellos como terroristas que atentaban contra la fuerza pública, lo cual les generó aún más incertidumbre sobre las causas inventadas, era la evidente presión del poder político o directamente el aval al accionar judicial.

“Crearon una animadversión en la opinión pública basada en dichos falaces. Hemos demostrado ampliamente nuestro arraigo, somos trabajadores con participación social, la mayoría con hijos, lejos estamos de ser terroristas como refieren esta caterva de señores manchando nuestro honor”, precisaron.

Tan burdo fue el armado que los hermanos Seguí ya fueron sobreseídos. “Es un mamarracho la causa, pero el problema es que al ser aprehendidos sin razón fuimos tratados como terroristas no sólo físicamente por las fuerzas policiales sino verbalmente además por funcionarios desde el gobernador hacia abajo ¿Que más que esta demostración para fundamentar nuestro pedido de ilegalidad dela detención que fue rechazado arbitrariamente? Por otra parte en ningún momento atisba un instante de autocrítica para con lo que hicieron, sino que simplemente dicen que no lo pudieron probar”, dijeron los que siguen acusados.

Los hechos

Según consta en la causa, el episodio se produce en el cruce entre las rutas 40 y 70, en la llamada curva de Leiza. En una camioneta Isuzu iban Buchile, Huenelaf, González y Jaime. “En la caja iba tres encapuchados, uno de ellos Javier Ruiz”, dice el relato policial y agrega que al sobrepasar el camión (que llevaba a los animales) los sujeros arrojaron algún elemento contudente. Luego hubo una maniobra de colocarse delante del camión de gran porte y bajar la velocidad, y los acusaron de arrojar una molotov y disparar.

“La maniobra existió, pero con las balizas puestas y pidiendo que se detengan por favor para confirmar que eran dichos animales. La prueba recolectada por ellos de que se arrojó la bomba molotov es: ‘el perito encontró que había olor a combustible en el frente del camión’ y después las botellas que ellos dicen que encontraron (que obviamente no estaban) en la caja de la camioneta que fue requisada sin testigos y sin cadena de custodia. Ni siquiera encontraron restos de vidrio de botella en el lugar dónde dicen que fue arrojada. Mal pudimos nosotros ir a juntarlas ya que estábamos presos”, es la versión de los mapuches y katripache.

Sobre las armas de fuego, describieron que “el camión no fue protegido como evidencia como solicitara nuestro defensor por lo tanto se le hicieron reparaciones que dificultaron el peritaje de Nidia González. A pesar de eso algunos orificios de bala 22 que tiene en el frente -dice el peritaje- no pueden haber sido realizados desde una camioneta a 5 o 10 metros sino que se corresponde con disparos hechos por alguien de pie a 2 metros del camión. No fueron incautadas armas en nuestro poder, ni tampoco descartadas en los alrededores, no fue realizado el dermotest para saber si disparamos armas de fuego, cuestión que hubiese sido prueba a favor nuestro obviamente”.

El jefe policial del operativo se trasladaba en una camioneta de Tierras del Sud S.A (propiedad de Benetton), “que era conducida por el submayordomo de dicha compañía el señor Graña, que actuaba en todo momento como si fuese el jefe del operativo”.

En un momento, Ruiz se bajó y comenzó a escapar a pie. Los uniformados insisten en que el grupo disparaba. “Eran los mismos efectivos que le disparaban con armas de fuego mientras lo perseguían y que lo trataron con inusitada violencia durante su captura a pesar de que Javier no se resistió”.

El resto del grupo mientras escapaba se cruzó con un móvil policial, del cual se bajó el oficial Amed, “que sin ninguna voz de alto extrae su arma y dispara. Ante esta situación nadie se detendría, por lo tanto Buchile esquiva el móvil policial como puede para seguir camino ya no a la Policía como querían inicialmente, sino a un lugar seguro como un hospital”.

Mientras se iban les disparaban desde un camión sin identificar que estaba llevando sus caballos y luego se suma una camioneta sin identificar y móviles de la policía, todos disparándoles balas antimotines y balas de plomo, 2 de 9 mm y 2 de 38 antirreglamentaria. “¿Que esperaban que hiciera?”, se preguntan los acusados. Por supuesto, la acusación también incluyó las lesiones del suboficial Amed, quien aduce que intentaron atropellarlo.

“Nunca existió el disparo en la rueda que la Policía Científica como parte de este contubernio dijera que había encontrado en la rueda: la licenciada Nidia González lo dejó bien claro, no hubo bala y sí un clavo que pincho la cubierta”.

Esta causa, que ellos llaman “el fallo de la vergüenza”, debió haber sido archivada de inmediato. De hecho, el 8 de mayo, a partir de la audiencia de recusación del fiscal actuante Carlos Diaz Mayer, el Juez Collabelli en su fallo claramente indicó que hubo vicios en el procedimiento de detención. “A saber entre otros, demora en la notificación del motivo de detención y poca claridad en la descripción de los hechos imputados en la audiencia de detención”.

El hecho de que el expediente siga abierto sienta “un peligroso precedente para que se normalice un actuar que va por fuera de la ley y que en nuestro caso no solo emanó de los funcionarios policiales, sino que también del propio fiscal actuante en ese momento – Carlos Diaz Mayer- ya que el mismo se apersonó en la comisaria donde nos encontrábamos detenidos en forma ilegal y en ningún momento nos transmitió o se aseguró de que recibiéramos anoticiamiento alguno”.

“Van a desaparecer”

Huenelaf relató: “A Danielita, la chica que iba atrás, la habían golpeado mucho y me acerqué a taparla con un poncho. Entonces vinieron varios policías más y me agarraron tan bruscamente que me quebraron la muñeca. Les pedí que no me esposaran porque me dolía mucho, pero me esposaron igual. Dos meses tardaron en irse las marcas de las esposas. Nos llevaron al hospital, donde me enyesaron, y de ahí nos llevaron a la comisaría de El Maitén. No entendíamos nada. Pedía hacer un llamado y me respondían ‘¿ahora te acordás que tenés que llamar? ¿por qué no paraste cuando te lo ordenamos?’ Pero si parábamos en la ruta yo estoy segura de que nos mataban, las pericias demostraron que nos tiraron directamente a la cabeza”.

Con las huellas del dolor en su mirada, retratada por Joaquín Díaz Reck en aquel momento, Huenelaf le dijo a Satur sobre esta causa: “Nos acusaban de abigeato, según ellos nosotros queríamos robar 360 animales, resistencia a la autoridad. De hecho vamos a ir a juicio por esos dos delitos. Pero esa causa tiene un montón de irregularidades y pruebas falsas”. Y sobre la acusación en la justicia federal expresó: “Nos plantaron bombas molotov, no nos hicieron el dermotest para comprobar que no disparamos ni un tiro, ellos saben que estamos hablando claro”.

Los detenidos se negaron a que les tomen las huellas digitales, y ahí empezaron los insultos. “Del hospital nos llevaron a un calabozo de la comisaría y allí nos encapucharon. En un momento escuchamos que se hizo presente el fiscal general Carlos Díaz Mayer. Lo teníamos a dos metros, pared de por medio, le gritamos para que viniera a explicarnos qué pasaba, pero nunca se acercó. Después escuché a varias compañeras que habían llegado a la comisaría y preguntaban quiénes éramos los detenidos, pero los policías se negaron todo el tiempo a decir mi nombre. Incluso vinieron abogados de derechos humanos enterados de los acontecimientos y a ellos también les negaron mi nombre. Me asusté mucho. Con mi compañera pudimos hacernos pie y llegar hasta una ventanita de la celda, rompimos los vidrios y empecé a silbar. Ahí pudimos contarle a la gente que estábamos ahí. Sentí un poco más de alivio. Durante varias horas los mapuches apresados estuvimos todos desaparecidos. Hubo algunos hermanos no mapuches detenidos y a ellos los blanqueron, pero a nosotros no”.

El abogado que apareció en la comisaría de El Maitén fue Carlos González Quintana, que casualmente estaba de vacaciones en la zona, y tomó el nombre de todos. Buchile estaba lastimado y por eso no aparecía. El abogado “descubrió que nos estaban ninguneando”, dijo Gustavo Jaime, porque los detenidos estaban algunos en Esquel y otros en El Maitén, pero sobre las mujeres mapuches nadie daba cuenta de ellas. González Quintana discutió con Díaz Mayer. 
— ¿Pero si le dicen que tienen a Bin Laden usted les cree?, les gritó. 
— Yo confío en lo que me dice la policía, respondió el fiscal y echó del lugar al abogado. En ningún momento se acercó a los detenidos.

 

 

 

Fuente: La Izquierda Diario


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