Este lunes se realizó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por un hecho de tentativa de homicidio agravado por el vínculo, que tiene como imputada a Diana María Bobadilla. La fiscalía buscaba que se declarara legal la detención, se formalizara la causa y se dictara prisión preventiva. La defensa, en cambio, pidió su liberación con presentaciones semanales ante la Comisaría Primera.
Según expuso la fiscal general Andrea Rubio, el hecho investigado ocurrió el 30 de noviembre alrededor de las 20.30, cuando Bobadilla se encontraba en su departamento junto a su ex pareja. En ese contexto, habría tomado un cuchillo y le habría asestado una puñalada en el cuello, a la altura del maxilar.
La víctima fue hallada tendida en la calle San Martín y 9 de Julio, gravemente herida, y actualmente permanece internada en terapia intensiva con respiración asistida en el Hospital Regional. Antes de ser trasladado, señaló que su ex pareja lo había atacado. La policía siguió un rastro de sangre hasta el departamento ubicado en el 5.º piso de la Galería San Martín.
La fiscalía calificó provisoriamente el caso como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, atribuyendo a Bobadilla el rol de autora. Solicitó además un plazo de seis meses de investigación y mencionó la existencia de denuncias previas contra la víctima, quien contaba con una prohibición de acercamiento.
La defensora pública Vanesa Vera planteó una versión distinta: afirmó que existen múltiples intervenciones previas por violencia familiar ejercida por la víctima contra Bobadilla, que él fue detenido en 2014 por desobediencia judicial y que existe una situación de dependencia económica y asimetría entre ambos. Con ese marco, postuló una hipótesis de legítima defensa en contexto de violencia de género. No se opuso a la formalización, pero rechazó la prisión preventiva.
Mientras la fiscalía pidió tres meses de encierro argumentando riesgo de fuga y gravedad del hecho, la defensa remarcó que Bobadilla se presentó voluntariamente ante la policía, que no intentó escapar y que no hay cupos disponibles para alojar mujeres en las unidades de detención de la ciudad.
Finalmente, la jueza penal Lilian Borquez declaró legal la detención y autorizó la apertura de la investigación, pero rechazó la prisión preventiva. Consideró necesario aplicar perspectiva de género, observó que la imputada no se alejó del lugar tras el hecho y valoró la situación de emergencia carcelaria y la falta de cupos.
En consecuencia, dispuso su libertad, bajo la condición de realizar presentaciones semanales ante la Comisaría Primera.
