La Justicia resolvió imponer una pena de cinco años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo a un joven declarado responsable de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido cuando tenía 17 años. La decisión fue comunicada por el juez Fabio Monti tras la audiencia realizada el jueves pasado, en la que se evaluó la situación luego de vencido el plazo de las medidas socioeducativas.
El caso remite a un hecho ocurrido el 1 de mayo de 2022, durante la madrugada, en un sector del barrio Constitución. Según se acreditó, el imputado se presentó armado en el lugar para encontrarse con Mateo Moreira. Al advertir la situación, la víctima intentó huir, pero el agresor efectuó al menos dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en la espalda y atravesó el tórax, provocando una herida mortal.
En abril de 2023, la Justicia había dictado sentencia bajo el régimen aplicable a menores, disponiendo medidas socioeducativas. Posteriormente, en marzo de 2024, se estableció el arresto domiciliario con tobillera electrónica, junto con la obligación de asistir a la escuela y cumplir otras pautas.
Durante la audiencia reciente, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Aldo Nizetich, expuso una serie de incumplimientos, entre ellos reiteradas inasistencias a la escuela y episodios registrados durante su permanencia en el sistema de menores, lo que derivó incluso en su traslado a una comisaría.
Ante este escenario, la Fiscalía solicitó la aplicación de una pena, contemplando como atenuantes la falta de antecedentes condenatorios y algunos aspectos positivos en el proceso del joven. En ese marco, pidió el mínimo de la escala prevista.
El juez Monti coincidió con ese planteo y valoró tanto los incumplimientos como los avances evidenciados durante el seguimiento. Señaló que, pese a las dificultades, se observan indicios de evolución en su proyecto de vida.
Asimismo, el magistrado advirtió que, por el tiempo de detención ya cumplido, el condenado podría estar en condiciones de acceder a la libertad condicional, lo que permitiría al Estado mantener un control sobre su conducta, exigiendo la continuidad del tratamiento psicológico y la formación educativa o laboral.
Con estos argumentos, resolvió fijar la pena en cinco años y cuatro meses de prisión efectiva.
