A 30 días del asesinato de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que murió el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, la investigación judicial no solo avanza sobre los principales imputados, sino que suma un nuevo eje: la posible responsabilidad de actores del sistema judicial y de protección de la niñez.
El abogado Roberto Castillo, representante de la familia paterna, confirmó la presentación de denuncias contra un juez de familia, una defensora de menores y dos profesionales de la psicología, a quienes señala por presuntas irregularidades y omisiones que, según sostiene, habrían incidido en el desenlace.
Por el crimen permanecen con prisión preventiva la madre del niño, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González, quienes estaban a cargo al momento del hecho. La autopsia preliminar determinó que el menor murió como consecuencia de múltiples golpes.
En paralelo, la querella busca ampliar la investigación hacia decisiones adoptadas en el fuero de familia. Según explicó Castillo, el padre del niño y su madre de crianza aún no habían sido convocados a declarar, pese a ser figuras clave para reconstruir el entorno y la situación previa del menor.
Entre los cuestionamientos, el letrado apuntó a la forma en que se resolvió la restitución del niño a su madre biológica. Sostuvo que no se habría realizado una evaluación integral del caso ni una escucha adecuada del menor, lo que derivó en un cambio abrupto de su entorno. También cuestionó medidas como la prohibición de acercamiento que lo habría aislado de su núcleo afectivo.
Además, aseguró que existen elementos que indicarían episodios de violencia previos por parte de la madre, incluyendo denuncias y registros que serán incorporados a la causa. En ese marco, adelantó que impulsarán acciones por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Mientras tanto, la situación procesal de los imputados se mantiene con prisión preventiva por seis meses, medida que fue fundamentada en riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
