La Justicia de Río Negro ordenó limitar los descuentos que sufría un comisario de la Policía provincial, luego de comprobar que las retenciones por préstamos llegaron a absorber más del 90% de su salario y que, en junio de 2026, recibió un depósito de apenas un centavo.
El efectivo atravesó esta situación durante más de 14 meses, período en el que distintos descuentos por compromisos financieros redujeron progresivamente el dinero que percibía. Según la documentación incorporada al expediente, sobre una remuneración bruta superior a los 3,9 millones de pesos, el monto acreditado en su cuenta bancaria fue de solo $0,01.
Ante ese escenario, presentó una medida cautelar ante la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca al sostener que ya no podía afrontar gastos básicos como el alquiler, los servicios y la alimentación de su familia.
La presentación también expuso el impacto que la situación económica tuvo sobre su hija menor, quien padece patologías neurológicas y motrices. Debido a la falta de recursos, la familia debió interrumpir distintos tratamientos de rehabilitación, entre ellos sesiones de equinoterapia y natación terapéutica.
Al analizar los recibos de sueldo, los jueces constataron que las retenciones alcanzaban el 90,13% de los haberes y consideraron que ese nivel de descuentos comprometía el carácter alimentario del salario.
En la resolución, el tribunal sostuvo que la situación impedía la subsistencia del trabajador y de su grupo familiar, además de afectar directamente los derechos de la menor al privarla del acceso a tratamientos médicos necesarios.
Los magistrados señalaron que, si bien existe un vacío normativo respecto de los límites aplicables a este tipo de descuentos para el personal público de la provincia, la propia jurisprudencia del fuero considera razonable establecer un tope del 33% sobre la remuneración neta para garantizar condiciones de vida dignas.
Como medida cautelar, la Cámara ordenó a la Jefatura de Policía de Río Negro controlar que los descuentos por préstamos no superen ese porcentaje.
La resolución tendrá una vigencia inicial de diez días. Durante ese plazo, el comisario deberá iniciar la demanda correspondiente contra las entidades crediticias para resolver el conflicto de fondo, en un proceso que todavía no quedó firme y que puede ser apelado.
