Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por legisladores del PRO y La Libertad Avanza propone eliminar el financiamiento estatal de los tratamientos médicos vinculados a la identidad de género. La iniciativa busca modificar la Ley de Identidad de Género y limitar el acceso a terapias hormonales y cirugías de adecuación de género, tanto en el sistema público de salud como en obras sociales y planes como el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La propuesta fue impulsada por los diputados Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (LLA), quienes sostienen que el Estado no debe “financiar, promover ni imponer” construcciones vinculadas al género o la sexualidad. Además, el texto plantea que las decisiones sobre identidad de género deben permanecer en el ámbito privado, sin intervención estatal ni respaldo presupuestario.
“El Estado no puede destinar recursos públicos a prácticas que no gozan de consenso científico ni social”, argumentó Milman, quien remarcó que no se cuestiona el derecho individual a la autodeterminación, pero sí el uso de fondos públicos para sostener tratamientos asociados.
El proyecto también establece restricciones más severas en casos que involucren a menores de edad. Según los autores, no debería permitirse la intervención del Estado sin la autorización expresa de los padres y la evaluación de profesionales. En esa línea, Milman afirmó que la decisión de un menor respecto a su identidad “no puede estar condicionada por campañas o influencias externas”.
La Ley de Identidad de Género, vigente desde 2012, reconoce el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo a su identidad autopercibida y garantiza el acceso gratuito a tratamientos médicos y psicológicos para acompañar ese proceso. La propuesta ahora presentada busca revertir ese enfoque, restringiendo la participación estatal en cuestiones de género y generando un fuerte debate político y social.
