La Cámara de Diputados comenzará este martes a debatir en comisión el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones para menores. La iniciativa es impulsada por el Gobierno y cuenta con el apoyo de los bloques dialoguistas del PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y sectores de Encuentro Federal.
En cambio, la propuesta es rechazada por Unión por la Patria (UxP), la izquierda, organizaciones de derechos humanos y la comisión de Pastoral Social. Su presidente, monseñor Dante Braida, expresó: “No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.
Tras varias postergaciones, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), citó para este martes a las 16 al plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen. El debate reunirá a las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, y Presupuesto y Hacienda, presididas por Rodríguez Machado, Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
La estrategia del oficialismo es firmar mañana el despacho de mayoría y llevar el tema al recinto antes de fin de mayo, según informaron fuentes parlamentarias.
El proyecto oficial ya fue discutido en nueve reuniones previas y establece, entre otros puntos, que los menores no podrán recibir penas de reclusión perpetua y que el máximo de prisión será de 20 años. Además, prevé programas educativos, deportivos y tratamientos médicos para la resocialización de los jóvenes, así como la creación de la figura del supervisor que acompañe su proceso de rehabilitación.
También contempla que, cumplidos dos tercios de la condena, la pena pueda continuar en el domicilio, y habilita otros lugares de cumplimiento como institutos abiertos o especializados. Para delitos menores, se plantean sanciones alternativas como prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño.
Aunque el Gobierno aspiraba a fijar la edad de imputabilidad en 13 años para delitos graves, el consenso actual en el Congreso parece inclinarse por los 14 años.
FUENTE: FILONEWS
