La Fundación Pensar, usina de ideas vinculada al PRO, difundió un informe en el que cuestiona la política del Gobierno nacional respecto al uso del veto presidencial y la falta de un presupuesto aprobado. Según el documento, el Ejecutivo transformó el veto en una herramienta “cotidiana y defensiva” que refleja la ausencia de consensos con el Congreso.
“El veto no es neutro: detrás de cada decisión queda un sector social que se siente perjudicado”, advierte el texto, que menciona a jubilados, estudiantes, médicos del Garrahan y gobernadores entre los sectores afectados. Para el think tank opositor, esta dinámica erosiona apoyos y expone la falta de un rumbo común.
El informe también alerta sobre las consecuencias de no haber sancionado un presupuesto para 2025. En esa línea, reclama que el Ejecutivo envíe en septiembre el proyecto de Presupuesto 2026, al que define como la herramienta central para ordenar las prioridades del gasto y recomponer el vínculo institucional con el Congreso.
Aun con la actual composición parlamentaria, Pensar sostiene que “existe una mayoría posible para sostener el equilibrio fiscal”, siempre que el debate se dé de manera “seria y profunda”, como ocurrió con la Ley Bases. En su conclusión, el documento enfatiza que un presupuesto sin déficit “sería una señal de fortaleza para cualquier programa económico y clave para generar confianza y desarrollo en el país”.
