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Autopsia reveló que Ángel tenía al menos 20 golpes en la cabeza

La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, dio un giro clave tras conocerse los primeros resultados de la autopsia. El informe del Cuerpo Forense de Chubut determinó que el menor presentaba al menos 20 golpes en la cabeza, sin lesiones en otras partes del cuerpo.

De acuerdo a los peritajes, los impactos fueron dirigidos con precisión y provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado, que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Los especialistas indicaron que, si bien no hubo fracturas óseas, la violencia ejercida generó un daño interno progresivo y letal. Además, no se descarta un posible mecanismo de asfixia, aunque sin marcas visibles.

A partir de estos resultados y otros elementos reunidos en la causa, la Justicia ordenó la detención de Mariela Altamirano, madre del niño, y de su pareja, Michel Kevin González. Ambos fueron imputados como coautores de homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla prisión perpetua.

La hipótesis de los investigadores sostiene que no se trató de un hecho aislado, sino de una secuencia de agresiones. En ese marco, el principal apuntado es el padrastro del menor, quien cuenta con antecedentes por denuncias de violencia familiar en Córdoba.

En cuanto a la madre, se investiga si tenía conocimiento de la situación y si participó o permitió las agresiones. Testimonios incorporados al expediente dan cuenta de antecedentes de violencia en el entorno familiar.

Por otra parte, la querella, que representa al padre del niño, planteó la sospecha de un posible intento de eliminación de pruebas por parte de los imputados, lo que también es materia de análisis en la causa.

Psicólogos de Chubut advierten por la violencia contra profesionales tras la muerte de Ángel

El Colectivo de Profesionales autoconvocados de Salud Mental y Psicología de Chubut expresó su profundo dolor por el fallecimiento del niño Ángel, un caso que generó conmoción en Comodoro Rivadavia y reavivó el debate sobre el funcionamiento de los sistemas de protección de derechos.

A través de un comunicado, los profesionales manifestaron su acompañamiento a las familias afectadas y señalaron que este tipo de hechos interpela tanto a la comunidad como a las instituciones responsables. En ese sentido, remarcaron su preocupación por el clima social generado tras el caso, especialmente por la aparición de mensajes violentos dirigidos a trabajadores del área.

El colectivo rechazó los ataques, hostigamientos y amenazas que —según indicaron— han recibido colegas en redes sociales y medios de comunicación, incluyendo la difusión de información falsa y datos personales. Además, subrayaron que atribuir responsabilidades de manera individual simplifica una problemática compleja, ya que las intervenciones en niñez involucran a múltiples actores dentro de un entramado institucional, judicial e interdisciplinario.

En el mismo documento, advirtieron que desde hace más de dos años vienen denunciando un proceso de desfinanciamiento en los sistemas públicos de salud mental y de protección de niñas, niños y adolescentes, tanto en la ciudad como en la provincia. Según indicaron, esta situación incrementa la vulnerabilidad de la población y dificulta el trabajo de los equipos profesionales.

Asimismo, hicieron un llamado a la responsabilidad en el tratamiento de la información y al respeto por los procesos judiciales en curso, al tiempo que rechazaron cualquier intento de utilización política del caso.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos de las infancias y con el ejercicio ético de la profesión, destacando la importancia de fortalecer políticas públicas integrales que garanticen respuestas adecuadas y oportunas.

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