El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (26.639), una iniciativa que, de convertirse en ley, implicará cambios clave que favorecen el desarrollo de proyectos mineros e hidrocarburíferos en zonas hasta ahora restringidas.
La reforma introduce dos ejes centrales que impactan directamente en la actividad extractiva: la reducción de las restricciones territoriales y la redefinición de las áreas protegidas. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo esquema limitaría la protección únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan funciones específicas, como actuar como reservas estratégicas de agua para consumo humano, y que además superen un determinado tamaño.
De acuerdo con el Ejecutivo nacional, esta redefinición permitirá liberar superficies que actualmente se encuentran bloqueadas para la explotación minera y petrolera.
Otro punto relevante es la flexibilización en zonas periglaciares. La ley vigente prohíbe la megaminería en estos suelos congelados que cumplen un rol clave en la regulación de los recursos hídricos. Con la modificación aprobada en el Senado, se habilitaría la posibilidad de desarrollar proyectos en esas áreas siempre que, tras una evaluación de impacto ambiental, se determine que no afectan de manera directa el ciclo del agua.
El proyecto también propone una descentralización del control ambiental, otorgando mayor autonomía a las provincias para autorizar emprendimientos extractivos bajo sus propios criterios. Según el Gobierno, esto respeta el dominio provincial sobre los recursos naturales y elimina la uniformidad de protección ambiental a nivel federal, permitiendo decisiones ajustadas a cada jurisdicción.
Desde el sector minero e hidrocarburífero sostienen que la normativa vigente resulta “ambigua” y frena inversiones, particularmente en proyectos vinculados al cobre y al litio, con especial interés en regiones como la Patagonia, Jujuy y Catamarca.
Mientras el oficialismo destaca el potencial impulso a la inversión y al desarrollo productivo, organizaciones ambientalistas y bloques opositores advierten que los cambios podrían debilitar la protección de ecosistemas estratégicos y fuentes de agua. El debate continuará ahora en la Cámara de Diputados.
