El Gobierno nacional derogó una normativa que dificultaba la importación de equipos electrónicos, con el fin de flexibilizar los requisitos para la validación de productos eléctricos. A través de la Resolución 16/2025, se modificaron las normativas que exigían certificaciones locales adicionales para ciertos productos, permitiendo que los artículos con certificaciones internacionales reconocidas entren al país sin trámites adicionales.
Esta modificación busca reducir costos y tiempos de importación, además de asegurar que los productos cumplan con los estándares internacionales de seguridad y calidad. Entre los cambios más relevantes, se establece que los productos con certificación IEC (International Electrotechnical Commission) ya no necesitarán ser validados nuevamente en Argentina, evitando así la duplicación de ensayos realizados en laboratorios internacionales acreditados.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la importancia de esta reforma. En un mensaje en redes sociales, explicó que, previamente, productos como computadoras Apple debían pasar por costosos y redundantes procesos de certificación. “¡Se acabó la tortura de la certificación eléctrica!”, exclamó el funcionario.
Además, se eliminó la intervención de la Aduana en este tipo de trámites y se simplificó la certificación para productos nacionales. También se liberaron de control los productos con voltaje inferior a 50V y se habilitaron nuevas modalidades de enchufes y adaptadores certificados.
La medida incluye a una amplia gama de productos eléctricos, desde electrodomésticos hasta dispositivos de iluminación y aparatos electrónicos, cuyo cumplimiento de normas internacionales será suficiente para su comercialización en el país.
Según el comunicado oficial, la nueva normativa tiene como objetivo mejorar la oferta de productos, incrementar la competencia y, en consecuencia, reducir los precios para los consumidores. La Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad encargada de aplicar estas nuevas regulaciones, que forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno por simplificar los procesos administrativos y eliminar barreras burocráticas.
Con la derogación de la Resolución 1038/21 y otras normas previas, se busca impulsar la modernización del mercado, facilitando el acceso a una mayor variedad de productos y favoreciendo la competitividad del sector.
