La normativa reemplaza al Decreto 727/2006, que limitaba la acción militar a agresiones externas de otros Estados. Ahora, el nuevo texto incorpora conceptos de amenaza más amplios, como ataques de actores no estatales —grupos terroristas, paramilitares— y escenarios relacionados con el ciberespacio y el espectro electromagnético.
Entre las nuevas atribuciones, las Fuerzas Armadas podrán realizar tareas de vigilancia y control en zonas de fronteras en tiempos de paz, brindar apoyo logístico ante emergencias, y actuar en el interior del país en casos de terrorismo. Además, se prioriza la modernización tecnológica, con el uso de inteligencia artificial y sistemas no tripulados, para aumentar la eficiencia operativa.
El decreto también establece un Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional que busca una mayor interoperabilidad con fuerzas internacionales y mejorar la protección de infraestructura crítica como represas y centrales nucleares. Según fuentes oficiales, se busca reforzar la lucha contra actividades ilícitas como el narcotráfico en áreas estratégicas, aunque no se detallaron las zonas específicas por razones de seguridad.
La medida ha generado debate en diversos sectores por su impacto en el uso de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas y la redefinición de los conceptos de seguridad y defensa.
