A través de la Resolución General 1071/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional de Valores estableció el marco regulatorio para los Fondos Comunes de Inversión de Cese Laboral, en el marco de la Ley Bases. Se trata de un sistema que permitirá a los trabajadores aportar mensualmente parte de su salario para cubrir una posible desvinculación futura.
El nuevo esquema no será obligatorio ni automático, sino que deberá acordarse en los convenios colectivos de trabajo. Así lo establece el artículo 96 de la Ley N.º 27.742, aprobada en junio de 2024, que permite reemplazar la tradicional indemnización por antigüedad por un “fondo o sistema de cese laboral”.
¿Cómo funcionará?
Los aportes podrán realizarse tanto por el empleador como por el empleado, y serán gestionados bajo dos modalidades:
1. Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Cese Laboral
- Funcionan mediante la compra de cuotapartes que representan el ahorro del trabajador.
- Están administrados por una sociedad gerente y una depositaria que no podrán estar vinculadas al empleador ni a sindicatos.
- El trabajador podrá disponer de esos fondos tras la desvinculación.
- Los fondos no podrán ser embargados y no podrán invertirse en valores emitidos por la empresa empleadora.
2. Fideicomisos Financieros de Cese Laboral
- Se constituyen por contrato y establecen con precisión cómo se gestionan los aportes y pagos al trabajador.
- Pueden incorporar nuevos aportantes y deben informar periódicamente al empleado.
- Al igual que los FCI, no podrán invertir en activos del empleador ni superar un 30% de concentración por sector.
Ambos mecanismos comparten una condición clave: los fondos no pueden ser embargados bajo ningún concepto, y su uso solo se activa una vez que se concreta la desvinculación.
¿Qué implica este cambio?
Aunque no será obligatorio, este sistema podría modificar profundamente la manera en que se gestiona la protección frente al despido. Si bien se presenta como una alternativa voluntaria, desde sectores sindicales y laborales se alerta sobre una posible transferencia del costo del despido al propio trabajador.
El debate queda abierto, mientras el Gobierno avanza con la implementación de un nuevo esquema de relaciones laborales en el país.
