El Gobierno nacional oficializó hoy, a través del Decreto 366/25, la reforma a la Ley 25.871 que regula la política migratoria en Argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial, contempla cambios clave como el arancelamiento de los servicios de salud y educación para extranjeros, así como nuevas condiciones para la expulsión y residencia de inmigrantes.
Según el decreto, “el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a los servicios de salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”, en línea con los derechos y obligaciones de cada categoría migratoria. Sin embargo, introduce restricciones: los residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos, pero para el resto de los extranjeros, se requerirá un seguro médico o el pago previo del servicio, salvo en casos de emergencia.
Respecto a la educación, el decreto garantiza que los extranjeros, incluso en situación irregular, podrán ser admitidos en escuelas de nivel inicial, primario o secundario, ya sean públicas o privadas, sin que su estatus migratorio sea un impedimento. Las autoridades escolares deberán además brindar orientación sobre los trámites migratorios.
En cuanto a las categorías de residencia, el decreto establece que los extranjeros podrán ingresar y permanecer como residentes permanentes, temporarios o transitorios, y habilita a la Dirección Nacional de Migraciones a otorgar permisos de residencia precaria por hasta 90 días, con posibilidad de renovación. Esta residencia permite estudiar, trabajar, ingresar y egresar del país.
Por otro lado, se endurecen las causales de expulsión. Migraciones podrá cancelar la residencia y ordenar la expulsión de extranjeros que:
- Hayan incurrido en fraude o falseado documentación para obtener beneficios migratorios o la ciudadanía.
- Sean condenados por delitos dolosos, en Argentina o en el exterior.
- Promuevan o faciliten el ingreso, permanencia o egreso ilegal de otros extranjeros.
- Hayan incumplido condiciones relacionadas con subvenciones del Estado.
- Permanezcan fuera del país más del tiempo autorizado.
- Se encuentren incluidos en otros supuestos específicos previstos por la normativa.
La resolución argumenta que estas modificaciones buscan “agilizar los procesos migratorios, proteger la seguridad pública y evitar la saturación de los servicios esenciales provistos por el Estado”.
