El prófugo que había causado disturbios en un colectivo de Patagonia comenzó a cumplir su condena

En una mañana cargada de tensión, se llevó a cabo en los tribunales penales ordinarios del barrio Roca una audiencia de incidentes y rebeldía relacionada con cuatro casos de desobediencia, amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de arma. El protagonista de esta historia es Matías Gabriel Alarcón, quien previamente había sido condenado mediante un juicio abreviado.

La audiencia estuvo presidida por Martín Cosmaro, juez penal, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Ricardo Carreño, procurador de fiscalía. Por su parte, la defensa de Alarcón fue ejercida por Luciana Risso, abogada de la Defensa Pública.

El representante de la fiscalía relató inicialmente las circunstancias que llevaron a la detención de Alarcón. Según los informes policiales, se recibió una llamada telefónica en la que se solicitaba la presencia de la policía en un colectivo de la Línea 3 de Transporte Patagonia debido a que había una persona ebria causando disturbios. El personal policial ingresó al colectivo y señaló a Alarcón como el responsable de los disturbios. Además, se descubrió que existía una orden de detención y rebeldía dictada por el juez del caso que aún estaba vigente. Por lo tanto, la detención fue considerada legal.

La rebeldía se le había dictado a Alarcón debido a que, en un acuerdo abreviado celebrado el pasado 28 de agosto, fue condenado a dos años de prisión efectiva por "desobediencia judicial, cuatro casos de amenazas simples y amenazas agravadas con el uso de arma, en concurso real". Se le ordenó presentarse para cumplir la sentencia el 30 de agosto, pero no lo hizo. Además, Alarcón no cuenta con un domicilio fijo y existe una presunción razonable de que no se someterá al proceso. La fiscalía argumentó que existe un peligro de fuga y solicitó que Alarcón permanezca en prisión preventiva hasta que se encuentre un lugar adecuado para cumplir la pena impuesta en el juicio abreviado.

La defensa, por su parte, no cuestionó la legalidad de la detención, ya que existía una orden emitida por un juez competente. Sin embargo, argumentó que la prisión preventiva debería ser considerada como una medida de último recurso y sugirió que Alarcón podría cumplir con medidas menos restrictivas, como presentarse semanalmente ante la Oficina Judicial, hasta que se consiga un lugar en la Unidad Regional para cumplir la pena.

Finalmente, el juez penal declaró la legalidad de la detención de Alarcón y confirmó la sentencia del juicio abreviado. Dado que ya se había confirmado la existencia de una plaza disponible en el área de Ejecución, se ordenó que Alarcón comience a cumplir su sentencia de dos años de prisión efectiva.