Movimientos sociales advierten que no permitirán que Milei privatice empresas estatales

Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han expresado su rechazo y preocupación ante las propuestas de privatización planteadas por el presidente electo Javier Milei. Estos movimientos, que representan a trabajadores de diversos sectores, han manifestado su intención de evitar la destrucción del Estado y no permitir un nuevo intento privatizador de empresas públicas.

El secretario general de la UTEP, Esteban 'gringo' Castro, ha señalado que, a pesar de no haber tenido reuniones con los compañeros de los distintos movimientos populares, han recibido noticias sobre las intenciones de Milei de privatizar diversas empresas estratégicas del Estado o en las que el Estado tiene mayoría accionaria. Ante este panorama, Castro ha afirmado que los movimientos populares estarán en contra de estas medidas privatizadoras y apoyarán la lucha en defensa de los puestos de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Por su parte, el presidente electo Javier Milei ha ratificado su intención de privatizar la TV Pública, Radio Nacional y la Agencia Télam tras su victoria electoral. Durante una serie de entrevistas radiales, Milei ha expresado su deseo de vender empresas estatales, argumentando que aquello que pueda estar en manos del sector privado debería estar en manos del sector privado.

Ante estos anuncios, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, ha lamentado las propuestas de Milei y ha instado a los trabajadores públicos y a la dirigencia política a unirse en la lucha para evitar la destrucción del Estado. Aguiar ha llamado a construir trincheras en cada oficina pública y en cada sector estatal para defender las conquistas alcanzadas. El dirigente gremial ha advertido que las medidas planteadas por Milei no podrán ser implementadas sin generar conflicto social, y los trabajadores estatales no están dispuestos a aceptar amenazas de cárcel o represión. En cambio, seguirán abogando por salarios y jubilaciones dignas, estabilidad laboral y el respeto de los convenios colectivos de trabajo.