Abusó de dos menores y ahora deberá pasar 18 años en la cárcel

En el juicio por abuso sexual y corrupción de menores, el tribunal conformado por los jueces penales Lilian Borquez, Daniela Arcuri y Alejandro Soñis emitió su veredicto de pena. J.P.R.C. fue condenado por unanimidad a 18 años de prisión.

El proceso comenzó el pasado 16 de noviembre, cuando J.P.R.C. fue declarado "autor" penalmente responsable de varios delitos, incluyendo abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, cometidos contra una menor de 13 años y una menor de 18 años. También se le acusó de promoción de la corrupción de menores.

En la audiencia de cesura de pena, la fiscal solicitó una pena de 25 años de prisión, argumentando las circunstancias agravantes del caso. Por su parte, la defensa pidió el mínimo de la escala penal, es decir, 10 años de prisión.

Los jueces tuvieron en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes al dictar su fallo. Consideraron como atenuantes la falta de antecedentes penales del condenado y el hecho de que la pena no afectaría a terceras personas, como sus hijos menores. Entre las circunstancias agravantes se mencionó el vínculo entre la víctima y el victimario, así como el rol de figura paterna que desempeñaba J.P.R.C. También se destacó la naturaleza de las acciones cometidas y la manipulación utilizada para silenciar a la víctima. La asimetría de poder y los daños psicológicos causados fueron considerados como violencia de género.

Además, se tomó en cuenta la pluralidad de hechos y su progresividad al establecer la pena de 18 años de prisión. Los jueces consideraron que las circunstancias agravantes superaban ampliamente a las atenuantes.

En cuanto a la prisión preventiva, la fiscal solicitó su aplicación argumentando la certeza positiva de los hechos y el peligro de fuga. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido y en su lugar decretó medidas sustitutivas. J.P.R.C. deberá realizar presentaciones semanales ante la Agencia de Supervisión y se le prohíbe salir de la ciudad sin autorización judicial.

El tribunal de debate estuvo presidido por Daniela Arcuri e integrado por Lilian Borquez y Alejandro Soñis. La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de Verona Dagotto, fiscal general. Por su parte, la defensa del imputado fue ejercida por los abogados Francisco Miguel Romero y Benjamín Sanabria.