LA LEY DE BASES OBLIGARÍA A CHUBUT A EXPLOTAR LA MEGAMINERÍA

La Ley Bases, que ha obtenido media sanción en el Congreso, ha generado preocupación debido a las políticas que otorgan beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios, regulatorios y ambientales para grandes capitales, en su mayoría extranjeros, que invierten en proyectos de exportación de materias primas, como minerales para la producción de baterías de litio.

Uno de los pilares de esta ley es el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el cual ha recibido apoyo de diversos sectores políticos y empresariales. Este régimen beneficia a los grupos inversores en diversas ramas productivas, especialmente en la industria del gas, los hidrocarburos y la megaminería. Sin embargo, es la minería extractivista de litio y cobre la que genera un interés geopolítico particular debido al auge de los vehículos eléctricos a nivel mundial.

El RIGI está dirigido a inversiones para la exportación que superen los 200 millones de dólares, otorgando beneficios aún más significativos para aquellos proyectos que superen los 1000 millones de dólares. Cuanto mayor sea la inversión, menor será la carga impositiva. Esta medida ha despertado el interés de varios fondos de inversión extranjeros.

Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el RIGI profundiza el régimen de privilegios para el sector minero al eliminar cualquier tipo de regulación y reducir diversos tributos. Además, limita las facultades de los gobiernos provinciales, ya que ahora la adhesión al régimen minero pasaría a ser obligatoria, a diferencia de la Ley 24.196 que permitía a las provincias decidir si adherían o no. En este punto, podría interpretarse que en este ítem caben leyes como las que impiden en Chubut proyectos mineros.

Así lo explicita el artículo 162 de la ley de Bases, que establece que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho, nacional por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.

El régimen fiscal actualmente vigente en el sector minero ya otorga beneficios significativos, como estabilidad fiscal por 30 años, exención de impuestos de importación de bienes y repuestos, deducción doble del Impuesto a las Ganancias por gastos de exploración, reintegro del IVA en etapas de exploración, entre otros. Sin embargo, el RIGI busca ampliar aún más estos beneficios para las grandes inversiones.

Desde el punto de vista socioambiental, el RIGI no impone ninguna condición a las empresas beneficiarias en términos de presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni Evaluaciones de Impactos Acumulativos. Esto genera preocupación por las posibles consecuencias ambientales a largo plazo.

Asimismo, la Ley Bases propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que podría limitar la realización de audiencias públicas y procedimientos formales de evaluación de impacto ambiental.