Es ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina

Tras más de dos años de debate parlamentario y casi medio siglo de lucha del feminismo, el Senado dio un paso fundamental para ponerle fin a la clandestinidad y aprobó el proyecto de Intervención Voluntaria del Embarazo con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Junto a la iniciativa que legaliza la interrupcion voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, fue aprobado por unanimidad el Plan de los 1.000 días que busca garantizar la asistencia de la mujer embarazada y su hijo hasta los tres años de vida.

Desde el oficialismo, los senadores a favor de la legalización acordaron con el Gobierno algunos cambios al proyecto que se plasmarán en la reglamentación y así evitaron que el proyecto debiese volver a la Cámara de Diputados. Según informó la titular de la Banca de la Mujer, la senadora por La Pampa, Norma Durango, se sacará el concepto de "salud integral" entre las causales de ILE (Interrupción Legal del Embarazo), que seguirán así siendo las existentes desde 1921: cuando el embarazo fuera producto de una violación o si estuviese en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

Estas modificaciones posibilitaron el voto positivo de los senadores por Río Negro, Alberto Weretilneck y por Entre Ríos, Edgardo Kueider, que habían pedido ajustes en el texto durante el debate en comisiones. El exgobernador agradeció al Presidente por la disposición para aceptar los planteos formulados para acompañar la iniciativa e insistió igualmente con el pedido de más cambios, como la necesidad de presentar una denuncia penal en caso de violación.

El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, sentenció: "No podemos pensar que si nosotros no sacamos la ley no va a haber más abortos, van a seguir existiendo para un sector social con garantías y para otro con un serio riesgo de vida. Lo que estamos haciendo es poniendo igualdad social entre mujeres”. Una de las senadoras que cambió su voto respecto a 2018 fue la rionegrina, Silvina García Larraburu, quien argumentó su cambio al afirmar que “estamos atravesando un cambio de paradigma y este cambio lo lideran las luchas feministas”. “Comprendí que nada puede detener el avance de la historia y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la demanda de las nuevas generaciones”, dijo y agregó: “Mi voto es por una mujer libre, mi voto es un voto deconstruido. Es un voto afirmativo”.  Otro de los discursos destacables de la noche fue el de la senadora del PRO, Gladys González, que realizó una fuerte crítica a la Iglesia Católica, a la que pertenece. "Quiero preguntarle a mi iglesia si no será hora de hacer una autocrítica. ¿Por qué castigar con la vara de nuestra religión e imponer las cosas que no pudimos cambiar con nuestra propia fe?”, dijo. "¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo y no quiero criminalizar a mujeres que siempre están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza, cada vez que deciden interrumpir un embarazo. No estoy dispuesta a seguir cerrándole las puertas del sistema de salud a ninguna mujer”, sentenció.

Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total.

El proyecto contempla también las modificaciones pertinentes al Código Penal. Despenaliza la práctica realizada con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, siempre que se cumplen las causales correspondientes y establece penas de tres meses a un año e “inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena” a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar la interrupcion del embarazo en los casos legalmente autorizado, el proyecto también fija una pena de “tres meses a un año” a la persona gestante que, luego de la semana 14 “y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare” y aclara que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:ambito.com