En 25 años de gobernador, Gildo Insfrán nunca reveló sus bienes ni su sueldo

Gildo Insfrán lleva 25 años como gobernador, y otros dos períodos anteriores como vicegobernador del peronista Vicente Joga. Con 70 años cumplidos el 19 de enero pasado, pasó la mitad de su vida en la cima del poder de Formosa. Es uno de los tres mandatarios que todavía puede ser reelecto en forma ilimitada al frente de una las provincias más pobres del país. Su capital, la ciudad de Formosa, tiene un 42,4% de personas por debajo de la línea de pobreza y casi un 9% de indigentes, según la última medición del INDEC del primer semestre de 2020,  en estos 34 años en el poder, los formoseños nunca pudieron conocer su patrimonio ni su sueldo.

Insfrán , obtuvo su septimo mandato consecutivo en 2019 con el 70% de los votos y maneja el distrito como un feudo. Se vale de una política clientelar y de sumisión, con un 70% de formoseños que dependen del empleo público. El estado policíaco que se impuso con el miedo pareció sufrir un quiebre con el reclamo publico de ciudadanos que protestaron contra la vuelta a la fase 1 de la cuarentena, luego de que se conociera que hubo menos de una veintena de nuevos contagios de coronavirus en la provincia. La represión posterior dejó expuesta que la fuerza parece ser la única vía para acallar las protestas de aquellos que piden trabajar y volver a sus actividades.

A nivel nacional, el accionar de la Policía ya se había hecho visible en la detencion de dos concejales que habian denunciado a Insfrán por las condiciones inhumanas en los centro de aislamiento por el COVID-19. No fueron las únicas imágenes que pusieron a Insfrán en el ojo de la escena pública y en aprietos al Gobierno de Alberto Fernández, así como al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que cuestionó a los medios hegemónicos en un tímido repudio a la represión del viernes. Ya se habían conocido imágenes de los operativos en que los efectivos provinciales se llevaban por la fuerza a formoseños que habían dado positivo, o habían estado en contacto con un caso de coronavirus. Escenas de particular brutalidad y falta de respeto a sus derechos se vieron con integrantes de la comunidades originarias.

La Constitución contempla, en su artículo 151, la Acción de Transparencia como mecanismo de acceso de cualquier ciudadano a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, legisladores y magistrados provinciales que deben presentarlas al asumir su cargo.“Nunca les interesó sancionar la ley de creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, prefieren la oscuridad, y el ocultamiento de información al pueblo. El enriquecimiento de funcionarios tiene mucho que ver con esto, con la dificultad de acceder a la información sobre el patrimonio de quienes gobiernan, y también de una Justicia cómplice que completa el círculo de impunidad”, dijo Martín Hernández, presidente de la Unión Cívica Radical provincial.

En Misiones tampoco hay ley de Ética en el ejercicio de la función pública, ni transparencia sobre el uso de los recursos provinciales. Es una de las cuatro provincias - junto con Tucumán, La Rioja, San Juan y La Pampa - donde aún no hay Ley de Acceso a la Información Pública..Insfrán logró perpetuarse en el poder, aliado de los distintos oficialismos peronistas en el Gobierno nacional. Fue menemista, duhaldista, apoyó a Adolfo Rodríguez Saá en su breve semana presidencial, y luego fue fervorosamente kirchnerista. Hoy es uno de los gobernadores elogiados por Alberto Fernández.

“Yo lo he visto a Gildo en todos estos años, lo he visto preocuparse por Formosa. Su mayor obsesión es que sus co-provincianos vivan cada día mejor. Y eso no habla de un buen político, que lo es, por eso lo eligen. Eso habla también de su condición humana. Gildo, siempre que pide, pide para Formosa”, dijo el jefe de Estado en mayo del año pasado, en su visita a la provincia ya como presidente, con Insfrán mirándolo a su lado.

Insfrán acumula denuncias judiciales en su contra. Tanto por sospechas sobre su patrimonio, como presunto lavado de dinero y corrupción en la obra pública. Sin embargo, en la Justicia formoseña, ninguna de estas causas avanzó. La UCR provincial le pidió a la Justicia local que investigue la presunta compra de 25.000 hectáreas en Posadas, a nombre de un testaferro. También fue denunciado por presunto espionaje ilegal a miembros de la oposición, líderes de la comunidad wichí, e incluso periodistas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:infobae.com