Masacre de Trelew: Bravo fue declarado culpable

Deberá pagar alrededor de 27 millones de dólares a las familias de las victimas.

La sentencia se conoció al cabo de un juicio civil en el que se analizó por primera vez la responsabilidad del exmilitar en la ejecución de 16 presos políticos perpetrada el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada.

La presentación se basó en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) que rige en Estados Unidos y es impulsada por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Center for Justice Accountability (CJA), un organismo de derechos humanos de la nación norteamericana.

“Hicimos historia”, dice Raquel Camps. Raquel es la hija de Alberto Camps, uno de los tres sobrevivientes de la matanza del 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar. La demanda contra Bravo, presentada en octubre de 2020, lleva su nombre. Es Camps contra Bravo. Y Camps ganó. “Estamos felices. Es un paso para pedir la extradición para que lo juzguen en la Argentina”, dice la mujer que está en Estados Unidos junto con su hermano Mariano.

En función de los daños que causó, se le asignaron a Bravo distintos montos y punitivos para cada familia que en total ascienden a los 27 millones de dólares, indicaron a esta agencia fuentes allegadas a este proceso oral y público.

El 22 de agosto de 1972, 19 presos políticos y militantes de las organizaciones armadas de ERP, FAR y Montoneros, que días antes habían intentado fugarse del penal de Rawson, en Chubut, fueron baleados por efectivos de la Armada en la base aeronaval Almirante Zar, de Trelew.

Dieciséis de ellos murieron en lo que para la Marina se trató de un intento de fuga que debieron repeler a balazos contra detenidos desarmados.

 

Las víctimas fueron Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Cappello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho.

En tanto que María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar lograron sobrevivir a esta masacre y dieron sus testimonios antes de ser desaparecidos durante la última dictadura militar.

Bravo reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado a ese país como agregado naval por el Gobierno de facto de Alejandro Lanusse, en un intento de darle protección frente a las acusaciones que pesaban sobre su persona.

En ese país obtuvo la ciudadanía y se desarrolló como un próspero empresario que obtuvo contratos con el Departamento de Estado, y antes de la realización de este juicio tenía presentado un patrimonio de seis millones de dólares, según allegados a la causa.

En 2010, el exmarino logró que la Justicia de Estados Unidos rechazara un pedido de extradición formulado por los tribunales argentinos.

En 2014, al producirse una condena en primera instancia sobre la causa, las autoridades argentinas volvieron a reclamar la comparecencia de Bravo.

A fines de 2019, el exmilitar fue detenido por orden de la Corte del Distrito Sur de Florida y para poder esperar en libertad la resolución del caso depositó una fianza de cinco millones de dólares, según fuentes de las querellas.

El 9 de marzo de 2020 se realizó una audiencia en la Corte de la Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que "Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa".

La decisión está en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse sobre la cuestión y desde entonces los familiares aguardan que Bravo sea enviado a Argentina para dar cuenta de los crímenes de los que se lo acusa.

Ahora, con esta sentencia, los familiares y los representantes legales que los apoyaron en la presentación de esta demanda creen que se sienta un importante precedente para que sea finalmente extraditado a Argentina.

No existe tiempo para hacer justicia, para las víctimas y para las familias que sufren con las perdidas en manos de personas que practican la injusticia. 50 años pasaron para que finalmente la vergüenza este de parte del opresor y la justicia de parte de la historia y de las víctimas.