A más de dos décadas de la desaparición de Iván Eladio Torres, la Justicia Federal concedió la libertad condicional a Marcelo Miguel Alberto Chemín, uno de los policías condenados por el caso que conmovió a Comodoro Rivadavia y al país. La decisión fue tomada este viernes 7 de noviembre por el juez Enrique Baronetto, del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, luego de analizar los informes carcelarios que avalaron el beneficio.
Chemín había sido condenado en 2016 a 12 años de prisión como partícipe necesario en la desaparición forzada de Torres, ocurrida entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de octubre de 2003, cuando el joven fue visto por última vez al ser detenido por efectivos de la Comisaría Primera. El expolicía quedó detenido en 2019 y cumplía su pena en el Complejo Penitenciario Federal II.
Según el fallo, el beneficio estará sujeto a una serie de condiciones estrictas. Chemín deberá residir en Trelew, no podrá ausentarse por más de 24 horas sin autorización ni cambiar de domicilio, y tiene prohibido consumir alcohol, drogas o portar armas. Además, no podrá acercarse a menos de 500 metros de María Leontina Millacura Llaipen, madre de Iván, ni contactar a su familia, a sus antiguos compañeros de causa o a personas vinculadas al expediente.
El condenado también deberá conseguir trabajo en un plazo de seis meses, presentarse periódicamente ante el organismo de control y no podrá ejercer cargos públicos ni tareas de seguridad. Estas restricciones se mantendrán hasta el vencimiento de la condena, el 21 de enero de 2031, bajo apercibimiento de revocación.
De acuerdo con los informes penitenciarios, Chemín mantuvo “conducta ejemplar” durante su detención, sin sanciones y con calificaciones positivas en su tratamiento y desempeño laboral. El Consejo Correccional del penal y el Ministerio Público Fiscal coincidieron en que el expolicía presenta un “pronóstico favorable de reinserción social”, mientras que su pareja ofreció su domicilio para recibirlo.
Por su parte, la familia de Iván Torres, consultada como parte del proceso, optó por no emitir opinión sobre la medida al considerar que los procedimientos judiciales “son ilegítimos mientras no se conozca el paradero de Iván”. Sin embargo, solicitaron ser notificadas para evaluar medidas de protección.
El caso Torres marcó un precedente en la historia judicial argentina: en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la desaparición forzada del joven, un hecho que aún sigue impune en su dimensión más profunda —el destino de Iván continúa sin esclarecerse.
