Tras la masiva movilización en defensa de los jubilados y la represión policial en las inmediaciones del Congreso, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de las 114 personas detenidas durante la protesta. La magistrada sostuvo que “está en juego un derecho constitucional fundamental, como la protesta en democracia y la libertad de expresión”.
Los arrestos fueron realizados por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina (PFA) y comprendían a 84 hombres y 30 mujeres. Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, argumentó que la protesta involucraba a sectores vulnerables, como los adultos mayores, y que el Poder Judicial debía tener especial consideración en estos casos.
La decisión de la jueza se da en respuesta a las detenciones masivas ordenadas por el Gobierno de Javier Milei. En este contexto, la magistrada criticó que muchos manifestantes fueron arrestados sin que se les informara un delito concreto.