Hoy se confirmó que dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo enviará al Congreso con el objetivo de obtener su “apoyo”, tal como lo había anticipado en su discurso de apertura de sesiones extraordinarias. A pesar de que este proceso busca respaldo legislativo, surge la cuestión sobre lo que establece la Ley Guzmán en relación con los financiamientos externos.
En el comunicado oficial emitido este jueves, el Gobierno subraya que el acuerdo con el FMI tiene como propósito “fortalecer el balance del Banco Central, un hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica, y continuar con el proceso de desinflación y la liberación de las restricciones cambiarias”.
“La inflación, que durante años ha afectado a los argentinos, debe ser erradicada. Este es el objetivo más urgente”, afirma el texto oficial. El Gobierno busca un compromiso urgente del Congreso, igual que en administraciones pasadas, para avanzar en el acuerdo con el FMI.
Julie Kozack, vocera del FMI, subrayó en conferencia de prensa que “tener el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades, tal como lo establece la legislación interna argentina”. Además, destacó que las negociaciones avanzan positivamente y que la aprobación dependerá de los procedimientos internos del organismo.
La Ley Guzmán y su impacto en el endeudamiento
En 2021, se sancionó la “Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública”, impulsada por el exministro Martín Guzmán, que establece un control legislativo más estricto sobre los procesos de endeudamiento con organismos internacionales, incluyendo al FMI. Según esta ley, el endeudamiento en moneda extranjera y los acuerdos con el FMI requieren autorización del Congreso.
El Artículo 2º de la norma especifica que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, así como cualquier ampliación de los montos de esos programas, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
La ley fue sancionada en respuesta a la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Argentina acordó un préstamo con el FMI por USD 57.000 millones sin la intervención del Congreso. De esta deuda, el país recibió USD 44.000 millones.
En este contexto, el nuevo acuerdo con el FMI, que prevé desembolsos para “recapitalizar el balance del BCRA”, requiere la aprobación del Congreso, según la ley vigente. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que esto “no implica aumento de la deuda bruta”, el acuerdo no se concretará hasta el primer cuatrimestre del próximo año debido al proceso legislativo y la burocracia del FMI.
FUENTE FILONEWS
