En los próximos meses comienza el juicio por la causa IPV que cuenta con 210 testigos

La causa conocida como "IPV II", relacionada con una estafa masiva que involucra al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), de la ciudad de Comodoro Rivadavia,se encuentra en las etapas finales de preparación para el juicio, el cual está programado para comenzar el 20 de febrero de 2024. La complejidad de esta causa se evidencia en los 210 testigos que están programados para comparecer durante el proceso judicial.

La audiencia previa al juicio se llevó a cabo a través de videoconferencia durante la mañana del pasado viernes. El tribunal colegiado que supervisará el juicio estará conformado por los jueces penales Raquel Tassello, Lilian Borquez y Carlos Tedesco. Entre los imputados se encuentran Maximiliano González, Claudia Soledad Britez y Ariel Alberto Villagrán, mientras que otros acusados previamente han obtenido una suspensión de juicio a prueba.

El origen de la causa "IPV II" se remonta a julio de 2019, cuando un grupo de personas, supuestamente liderado por un funcionario del IPV, Maximiliano González, y compuesto por varios individuos, orquestaron una serie de actividades ilegales. Estas actividades incluyeron la comercialización de viviendas del IPV ya asignadas o en situación de tenencia precaria, lo cual estaba prohibido por la ley FONAVI. También implicaron la venta de "Carpetas Adjudicadas", documentos que supuestamente otorgaban una "adjudicación directa" de propiedades, el robo de sellos y documentación del IPV para falsificar resoluciones de adjudicación, y la utilización de conocimientos administrativos y recursos informáticos para llevar a cabo estas actividades fraudulentas.

La banda delictiva logró realizar al menos seiscientas operaciones ilegales antes de ser desmantelada el 10 de septiembre de 2020. El éxito económico inicial llevó a cambios en la estructura y la incorporación de nuevos miembros para optimizar sus operaciones ilegales.

La calificación legal aplicada a los acusados incluye "asociación ilícita", con González siendo considerado como el "Jefe" de la organización delictiva, y Britez y Villagrán siendo calificados como "organizadores".