El Gobierno nacional oficializó este miércoles el inicio del proceso para privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). A través del Decreto 494/25, se autorizó la venta del 90% de las acciones que actualmente posee el Estado, en el marco del plan de transformación de empresas públicas.
La operación se realizará en dos tramos. En primer lugar, se licitará al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico, en una convocatoria de alcance nacional e internacional. El resto de las acciones será ofrecido posteriormente en los mercados bursátiles del país.
La privatización será coordinada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, que también se encargará de garantizar la continuidad del servicio de agua potable y saneamiento durante el traspaso.
Desde el oficialismo se argumentó que la medida busca asegurar la eficiencia y sustentabilidad del servicio, y facilitar un nuevo esquema de gestión a largo plazo. Además, se justificó la decisión en el actual contexto económico, que —según remarcaron— impide al Estado seguir sosteniendo el funcionamiento y expansión del servicio.
La Libertad Avanza recordó que desde la reestatización de AySA en 2006 hasta 2023, el Tesoro Nacional le transfirió 13.400 millones de dólares, y cuestionó que, a pesar de esa inversión, la empresa evidenció un deterioro en su eficiencia operativa y en la productividad laboral.
