La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución. Además, seguirá utilizando una tobillera electrónica y mantendrá un régimen de visitas limitado.
La decisión fue adoptada por mayoría con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo Barroetaveña, mientras que el magistrado Mariano Borinsky votó en disidencia. El fallo ratifica las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en el marco de la causa Vialidad, en la que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según señalaron Hornos y Barroetaveña, las restricciones buscan garantizar el control del cumplimiento de la pena y evitar riesgos procesales, además de proteger la integridad de la actual titular del Partido Justicialista. En cambio, Borinsky consideró que la colocación de la tobillera es innecesaria, ya que la exmandataria cuenta con custodia permanente y alertó sobre la escasez de dispositivos disponibles en el país.
Otro punto debatido fue el pedido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para cambiar la ubicación del domicilio, argumentando conflictos con vecinos del edificio. Sin embargo, la Cámara rechazó la solicitud y ratificó la permanencia de la condenada en su actual residencia de la calle San José al 1100.
Por otro lado, el fiscal Mario Villar retiró su planteo para revocar la prisión domiciliaria y enviarla a una cárcel común. Sostuvo que Cristina Kirchner está cumpliendo con los términos establecidos y que no hay razones para modificar su situación.
En paralelo, peritos contables de la Corte Suprema revisaron el monto del perjuicio económico en la causa Vialidad. El nuevo cálculo eleva la cifra que deberán reintegrar al Estado los condenados, entre ellos Fernández de Kirchner, de 86.000 millones a 685.000 millones de pesos. Los imputados tienen un plazo de diez días hábiles para realizar el pago, y en caso de no hacerlo, se iniciarán subastas públicas para ejecutar bienes.
