Carlos Barria Oyarzo, presentó su renuncia en medio de una grave crisis en el sistema de protección de derechos en la ciudad. En su informe de dimisión, el funcionario advirtió sobre el estado crítico en que se encuentra el servicio destinado a la niñez y adolescencia, destacando la falta de recursos, la insuficiencia de equipos interdisciplinarios y la deuda histórica en materia de protección.
Con más de 250 casos de menores en espera de atención en el Servicio de Protección de Derechos, la situación es aún más alarmante cuando se trata de los dispositivos de atención para adolescentes varones sin cuidados familiares y las residencias de cuidados alternativos, las cuales presentan serias deficiencias. Además, la crisis afecta a áreas clave como la salud, con un CESIA que solo cuenta con dos profesionales para atender a 70 adolescentes, y la educación, ya que el 91% de las escuelas secundarias relevadas tiene graves problemas edilicios.
La renuncia del director también pone de manifiesto la inacción de las autoridades municipales y provinciales, quienes no han respondido adecuadamente a las denuncias sobre la falta de políticas públicas eficientes y la parálisis del Consejo Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF), que desde el inicio de la gestión actual permanece inactivo. Ante esta situación, la ODG exige con urgencia la implementación de un Plan de Emergencia para garantizar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en la ciudad.
